Marcos López Balado | En las dos entregas anteriores hablé de inflación y de algo bastante elemental: en España vivimos más personas y necesitamos más viviendas. Pero hay una tercera parte del problema que me preocupa especialmente. ¿Y si algunas de las leyes que se aprueban para facilitar el acceso a la vivienda estuvieran consiguiendo justo lo contrario?
Hace unas semanas, tras anunciarse nuevas medidas, distintas voces del sector inmobiliario alertaron de miles de viviendas menos en la oferta de alquiler. No puedo asegurar que fuera consecuencia directa de los anuncios del Gobierno sin pruebas…. pero qué queréis que os diga, tampoco me parece descabellado pensar que exista una relación.
Y aquí conviene recordar algo que parece olvidarse. Detrás de muchos pisos alquilados no hay un fondo de inversión ni un señor con cien edificios. Hay personas que compraron una vivienda, en ocasiones con una hipoteca, e hicieron sus cuentas con los impuestos, los gastos y las expectativas de ingresos de entonces. Si unos años después las condiciones cambian de forma sustancial, puede que esas cuentas ya no salgan. Por supuesto que las leyes pueden cambiar. Lo que no podemos hacer es fingir que esos cambios no tienen consecuencias… y mucho menos lamentarnos cuando acaben por tener el efecto negativo que todo el mundo dice que van a tener. Ya pasó antes… y así estamos.
La más sencilla de entender es esta: si alguien considera que alquilar su piso se ha vuelto demasiado arriesgado o poco rentable, puede venderlo, destinarlo a otro uso o dejarlo vacío. El piso sigue existiendo, claro. Lo que desaparece es una vivienda disponible para quien busca alquiler. Y en un mercado donde ya faltan viviendas, perder oferta no ayuda precisamente a bajar los precios.
Lo mismo ocurre con los límites de precio. Hay quien piensa que basta con poner una cifra en el BOE y problema arreglado. Lo que sucede es que una vivienda tiene gastos, impuestos, reparaciones y, en muchos casos, una hipoteca. No todos los propietarios parten de la misma situación, y un límite que parece razonable desde un despacho puede acabar siendo la estocada para un propietario.
El asunto de las familias vulnerables me parece todavía más delicado. Entiendo perfectamente que una familia que atraviesa una situación difícil necesite protección. Lo que no entiendo es por qué el coste de esa protección debe recaer sobre un propietario concreto. Imaginemos a alguien que lleva meses sin cobrar el alquiler y que, además, tiene que seguir pagando la hipoteca, la comunidad y los impuestos. Si la Administración considera que no puede producirse un desalojo, le corresponde ofrecer una solución y asumir la parte que le toca. ¿O en que ley viene establecida la obligación de un propietario a “adoptar” y mantener una familia en concreto además de pagar sus impuestos?
Hay, además, otro efecto que merece atención. Si un propietario cree que, ante un impago, recuperar la vivienda puede resultar especialmente complicado cuando el inquilino tiene pocos ingresos… ¿a quién escogerá la próxima vez? Probablemente intentará reducir riesgos y pedirá nóminas más altas, contratos indefinidos o más garantías dentro de lo que permita la ley. De esta forma le estamos complicando la vida a quien quiere alquilar y más dificultades tiene, cuando ese era el colectivo al que se pretendía ayudar. Y por querer ayudar al que ya está dentro del mercado del alquiler, estamos impidiendo entrar al que estaba fuera.
También importa la seguridad jurídica. Quien compra una vivienda no adquiere el derecho a que las leyes permanezcan congeladas para siempre, faltaría más. Pero sí debería poder esperar cierta previsibilidad. Si las reglas cambian de forma brusca, habrá personas que prefieran no arriesgar. Y no hace falta que todos reaccionen así para que el efecto se note en un mercado que ya va justo de oferta.
A mí, particularmente, me cuesta aceptar que el debate se reduzca a presentar a propietarios e inquilinos como enemigos. La mayoría necesita reglas claras y cierta tranquilidad, los unos para poner sus viviendas en alquiler y los otros para poder vivir en ellas sin miedo a quedarse en la calle. No pretendo atribuir a una sola ley toda la subida de los alquileres, ya he dedicado dos artículos a otros factores, como la pérdida de poder adquisitivo y el aumento de población.
Lo que digo es que la Administración no puede ignorar la reacción de quienes ofrecen viviendas. Si les cambian las condiciones… no se pueden sorprender después de que haya menos disponibles.
Y, para terminar, un pensamiento. Resultará difícil no recordar la polémica en torno a Montse Mínguez, que acabó con su dimisión como portavoz del PSOE tras conocerse la actividad inmobiliaria de su pareja, un “gran tenedor” con alrededor de treinta pisos. Según ella misma, esa actividad es legal, con lo que estoy completamente de acuerdo. Esa no es la cuestión. Es solo que en sede parlamentaria defendió lo contrario de lo que en su vida privada hacía. Ya sabes, haz lo que digo, no lo que hago. Para mi unas condiciones, para los demás otras. Un propietario con una segunda vivienda es un especulador, su pareja con 30 viviendas no hace nada malo porque cumple la ley. Urbagestión también cumplió la ley, y varios juzgados le dieron la razón.
Hay propietarios de derechas, de izquierdas y de ninguna parte, como también hay inquilinos vulnerables que necesitan protección y otros con salarios suficientes que viven de alquiler porque su trabajo los lleva de una ciudad a otra o, sencillamente, porque así lo prefieren. Ni todo propietario es un fondo buitre ni todo inquilino es una víctima de la especulación. Tal vez haya llegado el momento de dejar de utilizar la vivienda como arma política y empezar a tratarla como lo que realmente es: un problema que necesita soluciones.
¿Queremos anuncios y campañas? ¿O queremos soluciones?
