Enrique Barrera Beitia | José María Figaredo y Ester Muñoz, portavoces de Vox y del PP, han afirmado que el sistema de pensiones está quebrado y proponen una transición gradual hacia un modelo mixto. En este sistema, una parte de las cotizaciones se destinaría a un concepto de solidaridad generacional para pagar a los jubilados, mientras que la otra se invertiría en un fondo de pensiones privado.
La crítica más contundente a esta propuesta es que el actual sistema ni está en quiebra ni amenaza con estarlo. Con el Gobierno actual, las pensiones se pagan con subidas equivalentes a la inflación y la hucha de las pensiones ha crecido desde los 5.800 millones de euros de la época de Rajoy hasta los 15.267 millones actuales. Con todo, vaticinar erróneamente el colapso del sistema público no penaliza a quien lo hace; de hecho, es un escenario apocalíptico que se repite sistemáticamente desde 1985.
El otro punto débil de la propuesta de Vox y PP es que los fondos privados de pensiones suelen rendir por debajo de la inflación y de la deuda pública. A esto se añade el riesgo de que, a diferencia del Estado, algunos de estos fondos han quebrado, dejando a miles de trabajadores sin sus ahorros, como ha ocurrido en los últimos años con Carillion (Reino Unido) o Babcock PensionKasse (Alemania). En otros casos, las pérdidas son tales que los suscriptores de estas pólizas se ven obligados a seguir trabajando durante años. Es lo que ahora mismo está pasando en Chile, con una crisis en cascada de estos fondos, que fueron puestos como modelo por Vox y PP.
Lo que en el fondo se persigue con estas manifestaciones es asustar a la ciudadanía para que contrate pólizas privadas. Esto último es, precisamente, lo que hacen muchos autónomos españoles, a los que en los últimos años se les ofrece la posibilidad de elevar sus cotizaciones públicas para evitar las incertidumbres descritas en este artículo.
