José Carlos Enríquez Díaz | En una época en la que la actualidad política parece reducida a un plató de confrontación permanente, donde cada pleno, comisión o declaración pública se mide en términos de desgaste al rival o de ganancia táctica, resulta casi insólito tropezar con una noticia que devuelva la fe en las instituciones. Lo sucedido esta semana en el salón de plenos del Ayuntamiento de Ferrol no ha sido un hecho aparatoso ni un gran anuncio presupuestario, pero encierra un valor simbólico descomunal: la decisión de la oposición de ceder voluntariamente un voto para que un concejal de la formación rival, recién estrenado como padre y con su hija ingresada en el hospital, pudiera apagar la pantalla y cuidar de su familia.
A simple vista, el gesto podría parecer anecdótico. Sin embargo, en el clima de enrarecimiento ético que atraviesa el debate público, este episodio actúa como una ráfaga de aire fresco. Demuestra que, bajo la capa de siglas, disciplinas de partido y pugnas ideológicas, la política puede —y debe— ser un espacio donde la condición humana no quede sepultada por la conveniencia de la victoria momentánea.
Durante décadas, la ciudadanía ha asistido a un progresivo distanciamiento respecto a la clase política. Las razones de esta desafección son variadas, pero responden en gran medida a la sensación de que las instituciones se han transformado en escenarios autorreferenciales. Se debate para vencer, no para convencer; se busca el fallo del adversario para amplificarlo en redes sociales; y se convierte cualquier circunstancia personal en una trinchera desde la que disparar.
Cuando la política se despoja de empatía, termina perdiendo su sentido originario. Se convierte en un juego de suma cero donde el dolor, la debilidad o las dificultades de la contraparte no se leen como vicisitudes inherentes a la vida, sino como oportunidades de ventaja numérica. En Ferrol, la aritmética ponía a la oposición en una posición de ventaja coyuntural debido a las bajas en las filas del gobierno. La tentación facilista habría sido forzar la situación, obligar al edil a seguir la sesión desde un pasillo hospitalario con una mascarilla puesta y convertir un momento familiar delicado en una baza negociadora.
Decidir no hacerlo, ofrecer de forma espontánea una abstención pactada para devolver la tranquilidad a una familia, no es un acto de debilidad política. Al contrario: es la demostración de la mayor de las fortalezas institucionales. Es recordar que la política no es una guerra, sino una conversación entre representantes de una misma comunidad que comparten, antes que nada, la misma vulnerabilidad frente a las circunstancias de la vida.
Este episodio invita a formular una pregunta fundamental: ¿qué esperamos realmente de quienes nos representan? A menudo se confunde el rigor ideológico con la dureza personal, y la firmeza en las convicciones con la intransigencia en el trato. Sin embargo, la verdadera talla de un servidor público se mide en su capacidad para conciliar la discrepancia firme con el respeto irrenunciable hacia el adversario.
Un modelo de política deseable y maduro debe sostenerse sobre la empatía institucional, entendiendo que el adversario no es un enemigo al que erradicar, sino un vecino con el que se comparte la responsabilidad de mejorar un entorno común. Requiere también un profundo sentido de la proporcionalidad para saber distinguir lo accesorio de lo sustancial, sabiendo que ganar una votación a costa de forzar una situación humana dolorosa no es una victoria, sino un empobrecimiento moral. Por último, exige priorizar el sentido común por encima del dogmatismo, demostrando la capacidad de flexibilizar las normas cuando la realidad pide a gritos una respuesta justa y proporcionada.
Cuando la política recupera estos principios, el ciudadano vuelve a sentirse reconocido en sus representantes. Resulta reconfortante comprobar que, en el ámbito municipal —a menudo el más cercano y, por ello, el más expuesto al desgaste del día a día—, todavía queda margen para la elegancia.
Suele decirse que los grandes cambios no empiezan con grandes discursos, sino con hábitos cotidianos. En un panorama mediático donde se premia la estridencia, el gesto de la bancada socialista en Ferrol y la inmediata gratitud del alcalde del Partido Popular mandan un mensaje poderoso a la sociedad: la discrepancia es legítima y necesaria para la democracia, pero la cortesía y la decencia no son negociables.
Si los representantes públicos son incapaces de mostrar compasión o cortesía entre ellos, difícilmente podrán legislar con sensibilidad hacia las necesidades de la ciudadanía. La humanidad no es un adorno optativo en la gestión pública; es el cimiento sobre el cual se construye la confianza legítima en el sistema democrático. El pleno de Ferrol no pasará a la historia por una transformación urbanística ni por un gran pacto de estado, pero ha dejado una huella más perdurable: la certeza de que, cuando las luces de los focos se apagan y las cámaras dejan de grabar, la decencia todavía tiene la última palabra. Ojalá cunda el ejemplo.
