
Enrique Barrera Beitia | Imaginemos que hay un cambio de gobierno y comienzan las expulsiones masivas de inmigrantes. Hay partidos que entienden que con esta medida se cumpliría la “prioridad nacional”. Sin embargo, creo que sucedería lo contrario, por las razones que expongo a continuación.
Por cada millón de inmigrantes que llegan a España, unos 500.000 se incorporan al mercado laboral. Además, como consumen, compran bienes y alquilan viviendas, las empresas españolas incrementan sus plantillas para atender una demanda al alza. Por tanto, no es ninguna exageración afirmar que la expulsión de los casi ocho millones de inmigrantes provocaría la pérdida de casi cinco millones de puestos de trabajo. Si esta caída fuera homogénea en los diferentes sectores de la economía, habría quien afirmara que aunque el PIB nacional cayera, la renta per cápita se mantendría.
El problema es que la caída sería asimétrica y crearía graves problemas. La hostelería entraría en una grave crisis y caería la llegada de turistas. Ocurriría algo similar en la agricultura y la ganadería, lo que generaría problemas para recoger las cosechas y aumentaría el coste de la cesta de la compra. El cuidado de nuestros mayores se convertiría en un drama, porque obligaría a que más de 500.000 nacionales tuvieran que renunciar a sus empleos para atenderlos. El colapso de estos sectores clave causaría un efecto dominó, y la caída de la renta per cápita sería mayor que la riqueza perdida por la expulsión de los inmigrantes.
Hay un aspecto positivo a corto plazo. Aunque en la construcción la mano de obra caería un tercio, inicialmente bajarían los precios del alquiler por el aumento de viviendas vacías. Sin embargo, una vez absorbido este excedente, la rehabilitación y la nueva construcción padecerían la escasez de personal, por lo que los precios volverían a subir.
Además del IVA y otros impuestos locales y autonómicos, los inmigrantes aportan cada año unos 24.000 millones de euros de IRPF y aportaciones a la Seguridad Social, cifra superior al coste de los servicios que reciben. Por consiguiente, si se les expulsa no habría más remedio que bajar las pensiones.
Más allá de recurrir al tópico de que los españoles ya no quieren esos trabajos, la realidad es que hay profundos desajustes en las habilidades y competencias de nuestra reserva de mano de obra y las necesidades requeridas para ocupar los empleos dejados por los inmigrantes.
Es fácil deducir que los inconvenientes superan por mucho a los beneficios y que el nivel de vida caería.