
Las nuevas tecnologías han transformado la manera de comunicarse, relacionarse y compartir información, pero también han abierto espacios en los que pueden manifestarse diferentes formas de violencia. El acoso a través de las redes sociales, la difusión de contenidos íntimos sin consentimiento, las amenazas por medios electrónicos o la utilización de herramientas digitales para ejercer control sobre otras personas constituyen realidades que exigen nuevas respuestas de las administraciones públicas.
En este contexto, la Xunta de Galicia trabaja en una Ley de Medidas Integrales contra el Acoso y la Violencia Digital, una iniciativa legislativa que busca adaptar los mecanismos de prevención y protección a los riesgos derivados del uso de las tecnologías y ofrecer una respuesta integral a quienes sufren estas situaciones.
La propuesta, que inició su tramitación parlamentaria el pasado mes de octubre, pretende establecer un marco normativo específico para abordar el acoso y la violencia digital desde diferentes ámbitos, con especial atención a los colectivos más vulnerables, entre ellos las mujeres, los menores de edad y las personas LGTBI.
Una respuesta frente a las nuevas formas de violencia
La violencia digital puede adoptar múltiples manifestaciones y sus consecuencias no siempre desaparecen cuando termina el contacto directo con quien la ejerce. La permanencia de imágenes, mensajes o publicaciones en internet puede prolongar el daño, afectar a la reputación de las víctimas y dificultar su recuperación personal y emocional.
Esta realidad adquiere especial relevancia en el ámbito de la violencia de género, donde las herramientas digitales pueden convertirse en instrumentos de vigilancia, intimidación, amenazas o control.
Por ello, la futura legislación gallega plantea abordar el problema desde una perspectiva integral, combinando la sensibilización social, la detección temprana, la formación de profesionales y la creación de recursos especializados para la atención y protección de las víctimas.
La iniciativa también busca reforzar el reconocimiento de sus derechos, incluyendo la atención integral, la asistencia jurídica, la recuperación del proyecto vital y la reparación de los daños sufridos.

Un servicio gratuito para eliminar la huella digital del acoso
Una de las principales novedades contempladas en la futura normativa es la puesta en marcha de un servicio gratuito destinado a facilitar la eliminación de contenidos digitales que hayan sido utilizados como instrumentos de acoso o violencia.
La medida pretende ofrecer una respuesta a uno de los principales problemas que afrontan las víctimas: la permanencia en internet de publicaciones, imágenes o materiales que pueden continuar causando perjuicios incluso después de que haya cesado la situación de acoso.
Este servicio buscará facilitar, en la medida de lo técnicamente posible, la retirada de ese material y contribuir a la restauración de la reputación digital de las personas afectadas.
La futura ley también contempla un servicio gratuito de asesoramiento técnico, mediante el cual las víctimas podrán recibir información y orientación para prevenir nuevos ataques y mejorar su seguridad en el entorno digital.
A estas actuaciones se sumará el acceso a información, orientación y apoyo jurídico, sin necesidad de presentar previamente una denuncia, con el objetivo de facilitar una atención temprana y evitar que las dificultades para iniciar un procedimiento judicial se conviertan en una barrera para solicitar ayuda.
La educación y la prevención, herramientas fundamentales
La prevención constituye otro de los pilares de la iniciativa legislativa impulsada por la Xunta de Galicia. Entre las medidas previstas figura la incorporación obligatoria de contenidos relacionados con las competencias digitales en los currículos de todas las etapas educativas no universitarias, con el propósito de fomentar un uso responsable y seguro de las tecnologías.
Esta formación pretende contribuir a que niños, niñas y adolescentes conozcan los riesgos asociados al entorno digital, aprendan a identificar conductas de acoso y dispongan de herramientas para actuar ante situaciones que puedan comprometer su seguridad o la de otras personas. Asimismo, la futura normativa contempla la aprobación de un Plan integral contra el acoso escolar y el ciberacoso, reforzando la prevención y la detección de estas conductas en el ámbito educativo.
La sensibilización de la sociedad y la implicación de los diferentes agentes educativos y sociales se consideran elementos esenciales para avanzar hacia espacios digitales más seguros y respetuosos.

Formación especializada para mejorar la atención a las víctimas
La preparación de los profesionales que intervienen en la prevención y atención de estas situaciones constituye otra de las líneas de actuación de la Administración autonómica.
La Xunta de Galicia ha puesto en marcha un plan específico de formación en violencia de género digital dirigido a su personal técnico, con el objetivo de mejorar la identificación de estas conductas y proporcionar una respuesta adaptada a las necesidades de las personas afectadas.
Más de 200 profesionales habían participado ya en esta formación, entre ellos personal de los Centros de Información a la Mujer (CIM), de la red de acogida, de los centros Quérote+ y de otros servicios de atención.
La iniciativa busca reforzar la coordinación y los conocimientos de quienes trabajan directamente con las víctimas, teniendo en cuenta que las situaciones de violencia digital pueden requerir intervenciones de carácter social, jurídico, psicológico y tecnológico.
La futura legislación también contempla promover la formación del personal de la Administración autonómica y, dentro de sus competencias, de los profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
La protección de las víctimas, en el centro de la futura normativa
El anteproyecto incorpora una concepción amplia de la protección frente al acoso y la violencia digital, que no se limita a la atención inmediata, sino que también tiene en cuenta las consecuencias que estas situaciones pueden provocar a medio y largo plazo. Entre los derechos recogidos figuran la atención integral, la asistencia jurídica gratuita, la restauración de la reputación digital, la recuperación del proyecto vital y la reparación simbólica.
La Xunta también prevé elaborar una guía informativa que permita a las personas afectadas conocer sus derechos y los recursos disponibles para solicitar ayuda.
Con estas medidas se pretende avanzar hacia un modelo de atención que tenga en cuenta tanto la protección de las víctimas como la prevención de nuevas situaciones de violencia.
Un compromiso para construir entornos digitales más seguros
La tramitación de la futura Ley de Medidas Integrales contra el Acoso y la Violencia Digital representa un nuevo paso en la adaptación de las políticas públicas a los desafíos que plantea la sociedad digital.
La iniciativa aspira a establecer herramientas que permitan prevenir las conductas de acoso, mejorar su detección, facilitar el acceso a recursos especializados y contribuir a la recuperación de las personas que las sufren.
El proyecto se encuentra todavía pendiente de aprobación, por lo que las nuevas prestaciones y obligaciones contempladas en el texto deberán desarrollarse conforme avance su tramitación y posterior aplicación.
La prevención, la educación, la formación especializada y la atención integral a las víctimas constituyen los principales ejes de esta propuesta, con la que Galicia busca reforzar la protección de los derechos de las personas también en el entorno digital.
