La Xunta de Galicia ha anunciado la retirada de 513.131 expedientes judiciales conservados en diferentes órganos de la comunidad autónoma, dentro de un procedimiento de expurgo destinado a reducir la acumulación de documentación en las instalaciones judiciales.
La medida, publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG), incluye expedientes correspondientes a distintas jurisdicciones y períodos, con documentos que abarcan desde 1968 hasta 2015.
Entre los órganos judiciales afectados figuran los juzgados de Ferrol y Betanzos, en la provincia de A Coruña, donde el proceso alcanzará a expedientes de diligencias previas.
La decisión fue adoptada por la Xunta de Expurgación da Documentación Xudicial de Galicia durante su reunión del pasado 15 de septiembre, después de contar con el informe favorable del departamento competente en materia de patrimonio documental de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude.
El procedimiento establece un plazo de dos meses para que las personas que participaron en los procesos judiciales afectados puedan solicitar la devolución de documentos que aportaron en su momento.
Los juzgados de Ferrol y Betanzos, incluidos en el proceso de expurgo
La retirada de documentación judicial tendrá repercusión en diferentes partidos judiciales de Galicia, incluidos los de Ferrol y Betanzos. En ambos casos, los expedientes afectados corresponden a diligencias previas, procedimientos de investigación que se tramitan en el ámbito penal. Estas actuaciones forman parte de las series documentales incluidas en el acuerdo de expurgo, que recoge la relación de expedientes cuya retirada ha sido autorizada.
La inclusión de estos órganos judiciales en el procedimiento supone que parte de la documentación histórica acumulada en sus archivos podrá ser retirada conforme a los criterios establecidos por la Xunta de Expurgación. El objetivo general de la medida es liberar espacio en las dependencias judiciales y mejorar la gestión de los archivos.
Más de medio millón de expedientes judiciales de toda Galicia
El procedimiento de expurgo alcanza un total de 513.131 expedientes, correspondientes a diferentes órganos judiciales de las cuatro provincias gallegas. La mayor parte de la documentación está relacionada con antiguos juicios de faltas, una categoría de procedimientos penales que desapareció del ordenamiento jurídico español con la reforma del Código Penal de 2015.
La retirada de estos archivos se desarrollará en juzgados de Primera Instancia e Instrucción de diferentes municipios. En la provincia de Lugo, la actuación afectará a órganos judiciales de Lugo, Monforte de Lemos y Sarria. En Pontevedra, se incluyen juzgados de Caldas de Reis, Marín, Ponteareas y Vigo. Por su parte, en la provincia de Ourense se contempla documentación de los juzgados de Bande, O Barco de Valdeorras, O Carballiño, Celanova, Ourense, A Pobra de Trives, Ribadavia, Verín y Xinzo de Limia.
El proceso también comprende recursos de apelación relacionados con antiguos juicios de faltas y con resoluciones judiciales en materia civil y penitenciaria, conservados en las audiencias provinciales de Pontevedra y Ourense.
Diligencias previas, recursos y procedimientos penitenciarios
Además de los antiguos juicios de faltas, el expurgo incluye otras series documentales procedentes de diferentes órganos judiciales. Entre ellas figuran recursos de suplicación tramitados ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, así como expedientes de diversos procedimientos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Lugo. También se retirarán diligencias previas de juzgados situados en las cuatro provincias.
En A Coruña, la relación incluye los órganos judiciales de Ferrol y Betanzos. En Lugo, los expedientes de diligencias previas afectados proceden de juzgados de Lugo, Vilalba, Monforte de Lemos y Chantada. En Ourense, se incluyen los de Bande, O Barco de Valdeorras, O Carballiño, Celanova, Ourense, A Pobra de Trives y Verín. Finalmente, en Pontevedra, la retirada afectará a diligencias previas de los juzgados de Caldas de Reis, A Estrada, Pontevedra, Tui y Vigo.
La diversidad de procedimientos refleja el alcance de una actuación que afecta a documentación judicial acumulada durante varias décadas.
Dos meses para recuperar documentos o solicitar certificaciones
Uno de los aspectos más relevantes del anuncio es el plazo establecido para que las personas interesadas puedan ejercer sus derechos sobre la documentación incluida en el procedimiento.
Según informa la Xunta de Galicia, quienes hayan intervenido en alguna de las actuaciones judiciales afectadas dispondrán de dos meses para solicitar la recuperación de los documentos propios que presentaron durante el proceso. También podrán pedir testimonios o certificaciones de las actuaciones judiciales cuando acrediten un interés legítimo. Para ello, deberán presentar una solicitud por escrito ante la Secretaría de la Xunta de Expurgación da Documentación Xudicial de Galicia.
El plazo se establece en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de Galicia, que incluye las relaciones documentales afectadas. Por este motivo, las personas que consideren que pueden tener documentación de interés entre los expedientes seleccionados deberán consultar el anuncio oficial para comprobar si su procedimiento está incluido.
La solicitud permitirá reclamar los documentos aportados en su momento o pedir la correspondiente certificación antes de que continúe el proceso de expurgo.
