El PSdeG-PSOE de Narón exigirá al gobierno municipal de Marián Ferreiro la realización de una auditoría específica, externa e independiente sobre la gestión de los consumos de agua, la facturación y los cobros de los servicios municipales en el campamento de Freixeiro.
La formación socialista considera necesario investigar por qué, según la información facilitada por la gerencia de COSMA en una comisión informativa, no se habían cobrado recibos de agua durante más de dos décadas y las reclamaciones oficiales a la propiedad no comenzaron hasta 2023.
El portavoz socialista, Jorge Ulla, sostiene que la investigación debe determinar qué cantidades podían reclamarse legalmente, si se produjeron pérdidas económicas para las arcas municipales y quién tenía la responsabilidad de actuar.
Los socialistas advierten de que, si se demuestra que se dejaron de reclamar importes que podían cobrarse, será necesario depurar las responsabilidades correspondientes.
El grupo municipal tampoco descarta acudir a la vía judicial si la documentación o las conclusiones de la auditoría revelan indicios de irregularidades o perjuicios económicos que justifiquen esa actuación.
El PSOE cuestiona más de veinte años sin cobrar recibos de agua
La petición socialista se produce después de la comparecencia del gerente de COSMA en una comisión informativa celebrada a instancia del propio PSOE. Según explica la formación, durante esa comparecencia se reconoció que los consumos anómalos en Freixeiro habían sido detectados en 2021 y que no se había cobrado ningún recibo de agua durante más de veinte años.
Para el grupo municipal, estas circunstancias obligan a investigar tanto la ausencia de cobros durante ese periodo como el tiempo transcurrido entre la detección de los consumos anómalos y el inicio de las reclamaciones oficiales a la propiedad, en 2023. «Queremos chegar ao fondo do que pasou en Freixeiro: saber que se consumiu, que se cobrou, que se deixou sen reclamar e quen tiña a responsabilidade de actuar. Se había posibilidade legal de reclamar antes de 2023, Marián Ferreiro ten que explicar por que non se fixo», afirma Jorge Ulla.
El portavoz insiste en que la investigación debe reconstruir lo ocurrido y establecer si existían mecanismos legales para exigir el pago de las cantidades pendientes en ejercicios anteriores. La formación considera que la falta de información sobre los consumos y los cobros impide conocer el alcance económico real de la situación.
Una deuda que, según las informaciones publicadas, rondaba los 200.000 euros
El PSOE señala que, de acuerdo con informaciones publicadas en la prensa, la deuda de Freixeiro se aproximaba a los 200.000 euros, correspondientes a aproximadamente un año de recibos impagados. A esta cantidad se habría añadido una reclamación superior a 48.000 euros por el primer trimestre de 2026.
Los socialistas reclaman que la auditoría permita comprobar y desglosar los diferentes conceptos incluidos en esas cantidades, así como determinar los importes efectivamente facturados, cobrados y pendientes de pago. La investigación también deberá analizar los periodos anteriores para establecer si existieron cantidades que podían haberse reclamado y que, por falta de actuación o por prescripción, ya no puedan recuperarse.
El grupo municipal considera imprescindible disponer de una reconstrucción documental completa antes de determinar las posibles consecuencias económicas de la gestión del servicio.
Los socialistas ponen el foco en la ordenanza municipal vigente desde 2021
Uno de los principales aspectos que el PSOE quiere esclarecer es lo ocurrido durante los años 2021 y 2022. La formación recuerda que la ordenanza municipal número 38, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña el 17 de noviembre de 2020 y aplicable desde enero de 2021, ya contemplaba la responsabilidad subsidiaria de los propietarios. A juicio de los socialistas, esta previsión normativa hace necesario analizar si existía la posibilidad legal de reclamar cantidades a la propiedad antes de 2023.
La auditoría deberá determinar cómo se aplicó esa disposición en el caso de Freixeiro y qué circunstancias explican el tiempo transcurrido hasta que comenzaron las reclamaciones.
El PSOE no da por acreditado que todas las cantidades anteriores fueran legalmente exigibles, pero considera que esta cuestión debe aclararse mediante un análisis independiente de la documentación y de la normativa aplicable. También solicita que se examinen las actuaciones realizadas por los responsables del servicio y las decisiones adoptadas durante los diferentes periodos.
Jorge Ulla advierte de las consecuencias económicas para los vecinos
El portavoz socialista sostiene que una eventual falta de cobro de cantidades legalmente exigibles podría tener consecuencias sobre la financiación de los servicios municipales. Según explica, el abastecimiento de agua y la depuración generan gastos que deben ser atendidos, incluidos los pagos que correspondan por la prestación de estos servicios. «Isto afecta directamente ao peto dos veciños. A auga e a depuración teñen un custo que hai que pagar, tamén a Ferrol. Se se deixan sen cobrar cantidades que legalmente podían reclamarse, ese custo ten que cubrirse con outros recursos do servizo ou do Concello», señala Ulla.
El portavoz considera que una posible pérdida de ingresos reduciría los recursos disponibles para otras necesidades municipales. «Son cartos que faltan para outros servizos e que aumentan a presión sobre os recibos e as contas municipais. A veciñanza non ten por que soportar as consecuencias dunha falta de actuación», añade.
Estas afirmaciones forman parte de la valoración política del PSOE, que reclama precisamente una auditoría para determinar si se produjeron pérdidas económicas y cuál pudo ser su alcance.
Una auditoría para revisar consumos, contadores, fugas y expedientes
El Grupo Municipal Socialista plantea que la investigación abarque todos los aspectos relacionados con la gestión del suministro de agua en Freixeiro. Entre las cuestiones que considera necesario examinar se encuentran el historial de consumos, la facturación emitida, los importes cobrados y los recibos pendientes de pago. También reclama revisar el estado de los contadores, las posibles fugas y los expedientes administrativos relacionados con las reclamaciones de deuda.
El objetivo es reconstruir cronológicamente la gestión del servicio y establecer qué actuaciones se realizaron, cuáles pudieron omitirse y si esas circunstancias provocaron perjuicios económicos.
La auditoría deberá identificar las cantidades legalmente reclamables en cada periodo y analizar si se produjeron pérdidas por prescripción o por una eventual falta de actuación administrativa.
Para garantizar la imparcialidad del proceso, el PSOE exige que el trabajo sea realizado por profesionales externos sin vínculos que puedan comprometer su independencia. Asimismo, reclama que los auditores tengan acceso a la documentación necesaria y que las conclusiones se hagan públicas respetando las garantías legales correspondientes.
El PSOE no descarta acudir a la vía judicial
Jorge Ulla advierte de que las conclusiones de la auditoría podrían dar lugar a nuevas actuaciones si se acredita que existieron cantidades recuperables que no fueron reclamadas. El portavoz socialista considera que, en ese supuesto, sería necesario determinar las responsabilidades políticas y valorar las acciones legales que correspondan. «Se se acredita que se perderon cantidades que podían reclamarse, haberá que depurar responsabilidades políticas e exercer as accións legais que correspondan», afirma.
El PSOE tampoco descarta recurrir a los tribunales si aparecen elementos que justifiquen esa decisión. «Non descartamos acudir ás instancias xudiciais se a auditoría ou a documentación revelan indicios de irregularidades ou prexuízos económicos que o xustifiquen. Estamos defendendo os cartos dos veciños e imos esixir explicacións e responsabilidades», concluye Ulla.
La formación vincula, por tanto, cualquier posible actuación judicial a la existencia de indicios que puedan desprenderse de la documentación o de una futura investigación independiente.
Una auditoría de COSMA aprobada por el pleno en 2023
Como antecedente, el PSOE recuerda que el pleno de Narón aprobó en octubre de 2023 una auditoría de gestión de COSMA, a iniciativa del Grupo Municipal Socialista. Según señala la formación, aquella propuesta salió adelante sin el apoyo de Terra Galega. Los socialistas aseguran que continúan reclamando la ejecución de esa auditoría, que consideran necesaria para conocer el funcionamiento y la gestión de la empresa.
La nueva petición se centra específicamente en el caso del campamento de Freixeiro y pretende esclarecer las circunstancias relacionadas con los consumos, la facturación y las reclamaciones de los servicios municipales.
