Marcos López Balado | Este artículo lo escribí a la vez que el anterior y ya lo he tenido que rehacer dos veces. Con la vivienda, la actualidad va más rápido que la tinta.
Antes de empezar, una advertencia por honestidad: no me gusta Pedro Sánchez, y no lo escondo. Pero tener opinión no me exime de mirar los datos, me gusten o no. Ese es mi compromiso con quien me lee: opinar, sí, pero sobre hechos.
280.000 razones
El 22 de noviembre de 2020, en plena pandemia, el presidente aseguró desde la Moncloa que «el Gobierno de España garantiza que no va a haber desahucios». Desde que llegó al poder en 2018, los juzgados han practicado alrededor de 280.000 lanzamientos, según el Consejo General del Poder Judicial.
Es cierto que la cifra anual ha bajado: de casi 60.000 en 2018 a unos 24.500 en 2025. Pero siguen siendo 67 al día, y hoy siete de cada diez se deben al impago del alquiler. El escudo social se vendió como el fin de los desahucios y se quedó en una moratoria parcial. Ya sé que nos hemos acostumbrado a que se diga una cosa y se haga otra. Un gobernante puede verse obligado a rectificar por circunstancias extraordinarias. Lo que no es normal es convertir la promesa incumplida en costumbre.
¿Dónde están las viviendas?
¿Queréis datos? Allá van. Según el Ministerio de Vivienda, con Felipe González se terminaron de media 81.300 viviendas protegidas al año; con Aznar, 59.700, y con Zapatero, 62.400. Con Rajoy la cifra se hundió hasta 17.600. Y con Pedro Sánchez se ha tocado fondo: 9.600 al año, el mínimo de la democracia.
Pero resulta que la legislatura ha estado plagada de anuncios de vivienda pública.
Y ahora, en el tiempo de descuento, ha tenido que ser la Diputación Permanente del Congreso la que apruebe unas medidas de vivienda. Llegan después de ocho años, de 280.000 desahucios y del menor ritmo de vivienda protegida de la democracia. Y eso con un Ministerio de Vivienda propio cuya utilidad todavía estoy esperando descubrir.
Un problema de aritmética
Desde que Sánchez llegó al Gobierno, España ha sumado casi tres millones de habitantes. No voy a valorar aquí si la inmigración es buena o mala. Me limito a lo evidente: toda esa gente necesita un sitio donde vivir. No es ideología, es aritmética.
En ese mismo periodo se han terminado unas 690.000 viviendas en todo el país, entre libres y protegidas. Medido en hogares, que es la forma más rigurosa de hacerlo, el desajuste es igual de claro: entre 2018 y 2025 se formaron 1,52 millones de hogares nuevos, más del doble de las viviendas terminadas. Solo en 2025, según el Banco de España, se crearon unos 240.000 hogares frente a unas 92.000 viviendas acabadas.
Alguien dirá que en España hay millones de viviendas vacías. Es verdad, pero buena parte están en pueblos de la España vaciada que pierden población o en un estado que no permite vivir en ellas.
Cuando la demanda crece mucho más deprisa que la oferta, el precio sube. Y conviene no confundir causa y efecto: la especulación no crea la escasez, se alimenta de ella. No falta vivienda porque haya especuladores; hay especulación (y no todo el que invierte es especulador) porque falta vivienda.
Pongámoslo sencillo. Si hay 100 personas y 60 viviendas, faltan 40. Por mucho que limitemos el precio de esas 60, siguen faltando 40. Y si nos pasamos limitando, puede que otras 20 salgan del mercado. Entonces ya no faltarán 40, sino 60.
Se puede topar el alquiler, prorrogar contratos sin fin, suspender desahucios o subvencionar parte de la renta. Pero al final de la cuenta… ¡siguen faltando 40!
Para que la aritmética juegue a favor solo hay tres caminos: que haya menos gente, que construya el Estado o que se cree un marco en el que se construya más. Como no me parece razonable expulsar a quien ya vive aquí legalmente, quedan las otras dos. Y ninguna de las medidas aprobadas va en esa dirección.
Abrir la puerta no basta
Es fácil defender una política migratoria de puertas abiertas. Lo difícil es garantizar después que quien llega tenga dónde vivir con dignidad. Y lo que vale para la vivienda vale también para los servicios públicos, aunque eso daría para otro artículo.
Un ejemplo. Una persona llega a España de forma legal, con formación y ganas de trabajar, y encuentra empleo. Pero necesita un techo, y comprar recién llegada no es una opción realista, así que alquila. Y aquí vuelvo a lo que decía en la entrega anterior: para que alguien alquile, otro tiene que tener más de una vivienda. Si cada vez hay más gente buscando piso y la oferta apenas crece, el precio se dispara. Y cuando la vivienda sube, sube para todos, para lo que vienen y para los que ya estaban.
Pisos compartidos, precios imposibles
Hay un efecto del que se habla poco. Con tan poca oferta, cada vez es más habitual que seis u ocho personas compartan un piso y se repartan la renta. Entre todos pagan lo que no puede asumir una persona sola, una pareja joven o una familia con un solo sueldo. El resultado es que el precio de referencia sube y deja fuera a quien quiere vivir por su cuenta.
Construir, o resignarse a los parches
Sin construir más, cualquier medida será un parche. Y no se trata de subvencionar a nadie: la demanda no necesita más empujones, ya va desbocada. Lo que hace falta es impulsar la oferta, fomentar la construcción y rehabilitar las viviendas que hoy están fuera del mercado por su estado.
Claro que, si llamamos «fondo buitre» a cualquier empresa que se acerca al sector, será difícil encontrar quien arrime el hombro. Gratis no lo hace nadie. Ni siquiera el Gobierno, y eso que el dinero lo ponemos entre todos.
