Marcos López Balado | Ni los pequeños caseros ni los fondos explican por sí solos la crisis de la vivienda. La pérdida de poder adquisitivo desde 2018 es una parte del problema que el Gobierno prefiere no mencionar.
Preocuparse por un problema no es lo mismo que resolverlo. Se pueden anunciar medidas, incluso aprobarlas, y aun así equivocarse de diagnóstico hasta agravar lo que se pretendía arreglar. A mi juicio, eso es lo que ha ocurrido con la vivienda en España. Y, como casi siempre, resulta más cómodo señalar a un culpable externo que asumir la responsabilidad propia.
Cuando Pedro Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno, en junio de 2018, la vivienda ocupaba el puesto 16 entre las preocupaciones de los españoles. Hoy es la primera. Aun así, el Gobierno ha esperado al final de la legislatura para aprobar dos decretos por la vía de urgencia.
No me parece casual. Creo que la vivienda se está usando como cortina de humo para desviar la atención de otros asuntos, como los casos de corrupción que afectan al entorno del presidente y del PSOE o la crisis migratoria en Ceuta, y como herramienta para movilizar a una parte de su electorado. Pero el asunto merece tomarse en serio, porque más que movilizar debería indignar.
Esta es la primera de tres entregas sobre el problema de la vivienda. Empiezo por un factor que rara vez aparece en el debate: la inflación.
Más pobres que en 2018
Desde junio de 2018, los precios han subido en torno a un 26%, según el Índice de Precios de Consumo del INE. En el mismo periodo, los salarios lo han hecho un 23%. Los datos confirman lo que cualquier familia nota al pasar por caja: hemos perdido poder adquisitivo.
Además, ese 23% es una media, y no todos los sueldos han crecido igual. Quienes han visto subir menos su nómina han salido todavía peor parados, porque el coste de la vida sí ha subido para todos.
Los ahorradores tampoco se libran. Quien tuviera 20.000 euros en una cuenta en 2018 conserva hoy una capacidad de compra equivalente a unos 15.900 euros. Más de 4.000 euros se han esfumado sin que nadie tocara la cuenta.
Ante esa pérdida, es lógico que quien ha ahorrado busque inversiones que, como mínimo, protejan su patrimonio. Y en España una de las más habituales ha sido siempre la vivienda.
¿Quién es el casero?
Se puede retorcer la realidad tanto como se quiera, pero los datos son tozudos. Solo el 5% del parque inmobiliario está en manos de grandes tenedores, que apenas suponen el 1% de los propietarios. El 96% de los propietarios tiene entre una y tres viviendas. De ellos, el 82% posee solo una y el 14%, dos o tres.
En el alquiler ocurre algo muy parecido. El 92% de los pisos arrendados pertenece a particulares, y el 76% de estos caseros alquila una única vivienda, en muchos casos para completar su pensión.
Por eso conviene no estigmatizar a quienes han comprado una vivienda de forma legal y con su dinero para no perder poder adquisitivo. Entre otras razones, porque para que alguien pueda alquilar, otra persona tiene que tener más de una casa.
Los «fondos buitre» y el Gobierno
Queda una última cuestión, quizá la más llamativa.
El mayor de los llamados «fondos buitre» que operan en España es el estadounidense Blackstone, que lleva tiempo reduciendo su presencia en el país. Sin embargo, el precio de la vivienda no deja de subir. Difícilmente se le puede atribuir la responsabilidad principal.
Lo curioso es que Blackstone controla Aliseda-Anticipa, una de las dos empresas elegidas para gestionar y vender los inmuebles de la Sareb, el llamado «banco malo», hoy bajo control del Estado. La otra es Servihabitat, participada mayoritariamente por otro fondo estadounidense, Lone Star.
Es decir, el mismo Gobierno que culpa a los fondos de la crisis les encarga vender las viviendas que heredó del rescate bancario. Y es un Gobierno que, en ocho años, apenas ha movido ficha en materia de vivienda.
Es hora de dejar de culpar a los pequeños propietarios, que invierten para proteger su patrimonio y son imprescindibles para que exista un mercado de alquiler. Y también de dejar de responsabilizar a unos fondos que son una parte pequeña del problema y a los que el propio Gobierno, mientras los critica, sigue dando negocio.
