Ferrol en Común ha expresado su preocupación por la implantación de la Zona de Bajas Emisiones de Ferrol, al considerar que las decisiones adoptadas por el Gobierno local de José Manuel Rey Varela podrían dificultar el acceso a futuras subvenciones destinadas a la transformación del transporte urbano.
La formación vincula esta advertencia a la modificación del Real Decreto 1052/2022, que regula las zonas de bajas emisiones en el marco de la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética.
Según FeC, la reforma aprobada por el Consejo de Ministros refuerza las exigencias a los ayuntamientos para demostrar que sus zonas de bajas emisiones funcionan de manera efectiva y no se limitan a una delimitación administrativa sin medidas reales de control.
El grupo municipal reclama al gobierno local que revise su estrategia de movilidad y adopte actuaciones que permitan acreditar el cumplimiento de las obligaciones legales.
Críticas a la elección de Ferrol Vello como Zona de Bajas Emisiones
Uno de los principales reproches de Ferrol en Común se centra en la decisión de situar la ZBE en Ferrol Vello, un ámbito que la formación considera demasiado reducido para producir cambios significativos en la movilidad de la ciudad.
FeC sostiene que se trata de una zona con escaso volumen de tráfico y califica su elección como un «erro deliberado» y una «escapatoria» para evitar la aplicación de una política de movilidad sostenible más amplia. A juicio de la formación, la delimitación elegida no responde adecuadamente al objetivo de reducir las emisiones contaminantes asociadas al tráfico urbano.
Nuevas exigencias para acreditar el funcionamiento de las ZBE
Ferrol en Común sostiene que la modificación estatal de la normativa pretende evitar las «moratorias excesivas» y la existencia de zonas de bajas emisiones sin restricciones efectivas.
De acuerdo con la interpretación que realiza la formación, los ayuntamientos deberán acreditar documentalmente aspectos relacionados con el funcionamiento real de estas zonas. Entre los requisitos que destaca figuran: El control efectivo de los accesos a las áreas delimitadas; la monitorización ambiental, para evaluar las condiciones de contaminación y los resultados de las medidas y la aplicación del régimen sancionador previsto en la normativa de tráfico cuando corresponda.
FeC considera que estas exigencias obligan al Concello de Ferrol a revisar la implantación de su zona de bajas emisiones y a demostrar que las medidas adoptadas cumplen los objetivos establecidos.
Advertencia sobre las futuras subvenciones
La formación señala que la reforma puede tener consecuencias económicas para los municipios que no acrediten adecuadamente el cumplimiento de las obligaciones relativas a las ZBE. En concreto, advierte de que determinadas ayudas destinadas a la transformación digital y sostenible del transporte urbano podrían quedar condicionadas a la correcta implantación y funcionamiento de estas zonas.
Por este motivo, FeC alerta del riesgo de que Ferrol encuentre dificultades para acceder a futuras convocatorias de financiación si no adapta su actuación a los requisitos estatales.
Ferrol en Común cuestiona la política ambiental del Gobierno local
Las críticas de FeC también se extienden a otras decisiones municipales relacionadas con la movilidad y el uso del espacio público. La formación acusa al Partido Popular de mantener una política ambiental insuficiente y recuerda la decisión de permitir la circulación de vehículos en el entorno de la plaza de Armas al inicio del mandato.
En su comunicado, califica esta orientación política de «negacionismo ambiental», una expresión con la que cuestiona las prioridades del gobierno municipal. También menciona las advertencias que, según sostiene, han realizado instituciones como el Consello de Contas y el Defensor del Pueblo.
FeC contrapone la situación de la ZBE con la atención que, a su juicio, el gobierno local dedica a proyectos como la apertura de Ferrol al mar mediante el derribo de la muralla del Arsenal o la denominada Ciudad del Deporte. Consideran que estas actuaciones están recibiendo prioridad frente a otras medidas de movilidad peatonal y sostenibilidad urbana.
