VOX ha anunciado la presentación de una querella ante el Tribunal de Instancia de Ferrol contra el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y responsables de la Delegación y la Subdelegación del Gobierno en A Coruña, por su actuación en relación con el acto político que la formación celebró el pasado sábado 31 de octubre en la calle Cantón de Molins.
El encuentro contó con la participación de Jorge Buxadé, jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, y coincidió con una concentración de protesta convocada por Galiza Nova y otros colectivos.
Según sostiene la formación política, las autoridades gubernativas no adoptaron las medidas necesarias para garantizar el desarrollo de su acto, pese a haber sido informadas previamente de su celebración y de la convocatoria de una movilización en las inmediaciones.
La querella atribuye a los responsables públicos presuntos delitos electorales, contra los derechos cívicos y de prevaricación administrativa. Además, VOX señala a los promotores de la concentración por posibles delitos relacionados con el derecho de reunión y de odio.
VOX sostiene que había solicitado protección policial para el acto
La formación asegura que había comunicado la celebración del acto de Ferrol dentro de los plazos establecidos y que había solicitado expresamente la presencia y protección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Según su versión, un día antes del encuentro, Galiza Nova y otros colectivos convocaron una concentración en el mismo lugar, prevista para comenzar media hora antes de la intervención de Jorge Buxadé.
VOX considera que esta circunstancia debía haber llevado a las autoridades a adoptar medidas adicionales para evitar interferencias entre ambas convocatorias. En su comunicado, el partido sostiene que la Delegación del Gobierno conocía tanto la existencia de la protesta como los incidentes registrados días antes en A Coruña durante otro acto de la formación.
Pese a ello, denuncia que no se modificaron las condiciones de celebración de la concentración ni se adoptaron medidas suficientes para garantizar el normal desarrollo de su convocatoria, a pesar de la ausencia de incidentes.
La formación hace referencia al artículo 10 de la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión, que contempla la posibilidad de prohibir reuniones o manifestaciones, o proponer modificaciones de fecha, lugar, duración o itinerario, cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes. No obstante, la aplicación de estas medidas exige una valoración de las circunstancias concretas y debe respetar los derechos fundamentales de reunión y manifestación.
La querella atribuye tres presuntos delitos a los responsables gubernativos
En su iniciativa judicial, VOX atribuye al delegado del Gobierno y a los responsables señalados una serie de posibles responsabilidades penales relacionadas con la organización y protección del acto. En concreto, la formación invoca los artículos 139.7 y 147 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), relativos a infracciones en materia electoral. También cita el artículo 542 del Código Penal, referido a conductas de autoridades o funcionarios públicos que impidan a una persona el ejercicio de derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes. En este caso, VOX plantea la posible comisión del delito por omisión, al considerar que los responsables gubernativos no habrían actuado para proteger el ejercicio de sus derechos.
La querella incorpora igualmente una acusación de prevaricación administrativa, recogida en el artículo 404 del Código Penal.
Estas imputaciones forman parte de la argumentación jurídica presentada por el partido y deberán ser examinadas por la autoridad judicial competente.
Galiza Nova y los promotores de la protesta también figuran entre los señalados
La iniciativa judicial de VOX no se limita a la actuación de los responsables de la Delegación del Gobierno. El partido también dirige acusaciones contra los promotores de la concentración convocada en Ferrol, entre ellos los vinculados a Galiza Nova. Según recoge su comunicado, la formación considera que los hechos podrían constituir un delito de odio, contemplado en el artículo 510 del Código Penal, y un delito contra el derecho de reunión, recogido en el artículo 514. Asimismo, hace referencia a posibles responsabilidades por lesiones y daños que pudieran resultar acreditados durante la investigación.
VOX solicita también que se examine la eventual responsabilidad penal de las asociaciones convocantes como personas jurídicas, invocando los artículos 31 bis y 510 bis del Código Penal.
Jorge Buxadé responsabiliza al Gobierno de los incidentes
Durante su intervención en Ferrol, Jorge Buxadé responsabilizó políticamente al Gobierno de Pedro Sánchez y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de las dificultades que, según denunció, encuentra VOX para celebrar sus actos públicos. «Esto no sucede en ninguna democracia europea moderna. Es inadmisible», afirmó el representante de la formación en el Parlamento Europeo.
El partido sostiene que los acontecimientos de Ferrol forman parte de una situación que se ha repetido en otras localidades españolas. En su comunicado menciona expresamente los casos de A Coruña, Mahón, Avilés y Zamora, donde asegura haber recurrido también a los tribunales por circunstancias relacionadas con protestas coincidentes con sus actos.
VOX considera que las autoridades gubernativas deben garantizar que sus representantes puedan intervenir y que los ciudadanos puedan asistir a sus convocatorias sin interferencias.
Por su parte, el derecho de manifestación de quienes expresan su rechazo a una formación política también cuenta con protección constitucional, dentro de los límites establecidos por la legislación.
La controversia planteada por la querella gira, por tanto, en torno a las medidas que debían adoptarse para permitir el ejercicio de ambos derechos en las circunstancias concretas del acto celebrado en Ferrol.
