El Consello Galego de Pesca ha aprobado por unanimidad una propuesta técnica para establecer un sistema específico de protección social destinado a las mariscadoras a pie cuando se vean obligadas a cesar temporalmente su actividad. Una cuestión con especial incidencia en las comarcas costeras gallegas y de interés para un territorio como Ferrolterra, Eume y Ortegal, donde la pesca, el marisqueo y toda la cadena vinculada al mar mantienen un importante peso económico y social.
La propuesta, promovida por la Consellería do Mar y elaborada por expertos de las universidades de Santiago de Compostela y A Coruña, fue respaldada durante el pleno del órgano consultivo celebrado este jueves y presidido por la conselleira do Mar, Marta Villaverde.
Según explicó la Xunta, el planteamiento parte de que el actual régimen general de trabajadores autónomos no ofrece una respuesta adecuada a las particularidades del marisqueo a pie cuando la actividad debe detenerse por circunstancias ajenas a las profesionales, como determinados factores ambientales o los descensos de salinidad registrados durante el pasado invierno.
Una cobertura adaptada a las particularidades del marisqueo
La propuesta contempla modificaciones tanto en las coberturas ordinarias como extraordinarias para las profesionales afectadas por ceses de actividad.
Entre las medidas planteadas figura también la posibilidad de compatibilizar la percepción de la prestación con los trabajos de regeneración de los bancos marisqueros, de manera que las profesionales puedan participar en estas tareas durante los períodos en los que no sea posible desarrollar con normalidad la extracción.
El documento incorpora además una hoja de ruta normativa para materializar estos cambios, que requerirían actuaciones por parte del Gobierno central a través de la Seguridad Social y del Instituto Social de la Marina.
El respaldo unánime se produjo en la primera sesión plenaria del Consello Galego de Pesca después de la renovación de los vocales de sus diferentes comisiones sectoriales. La Xunta señala que esta modificación busca adaptar la representación del órgano a la realidad actual de la cadena mar-industria y reforzar su papel de asesoramiento.
El futuro de los fondos europeos para la pesca
La reunión abordó también otro de los asuntos que marcarán el futuro de un sector estratégico para buena parte del litoral gallego: las negociaciones del Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea para el período 2028-2034.
Marta Villaverde informó a los representantes del sector sobre el estado de estas conversaciones y sobre el Consello Consultivo de Política Pesqueira para Asuntos Comunitarios celebrado el miércoles en Madrid con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
La posición trasladada por la Xunta pasa por defender un fondo independiente para pesca y acuicultura dotado con, al menos, 7.290 millones de euros, en línea con la cantidad planteada por el Parlamento Europeo, frente a la posibilidad de integrar estos recursos en instrumentos financieros más amplios.
Otro de los asuntos planteados por el Gobierno gallego afecta a la futura Política Pesquera Común (PPC). La Xunta defiende que esta permita avanzar en la modernización y renovación de una flota envejecida sin que las mejoras destinadas a incrementar la habitabilidad, seguridad o eficiencia de los buques sean contabilizadas como un aumento del esfuerzo pesquero.
La Consellería do Mar sostiene asimismo que las políticas comunitarias deben combinar los objetivos de sostenibilidad ambiental con la viabilidad económica y social de la actividad.
Las decisiones que se adopten en los próximos años sobre financiación, renovación de la flota y protección de los profesionales tendrán una incidencia directa sobre el conjunto de la cadena mar-industria gallega y, por extensión, sobre las comarcas costeras del norte de la provincia, donde numerosas familias y empresas mantienen su actividad vinculada al mar.
