Cuando la lucha contra el fraude termina bloqueando a quien no tiene nada que ver
Cada vez que hay partido de Liga o Champions, algo extraño ocurre en internet: decenas de páginas web completamente ajenas al fútbol dejan de funcionar. No son webs piratas. Son tiendas online, plataformas de venta de entradas, herramientas que usan empresas para trabajar e incluso, en algunos casos, servicios sanitarios. El motivo tiene nombre y apellido: los bloqueos que LaLiga ordena contra Cloudflare para intentar frenar las retransmisiones ilegales de sus partidos.
Cloudflare es un servicio gratuito y ampliamente utilizado que actúa como intermediario entre los visitantes de una web y el servidor que la aloja. Al guardar temporalmente contenido estático, reduce la carga sobre los servidores y agiliza el acceso a millones de sitios en todo el mundo. El problema es que ese mismo sistema es usado también por algunas webs piratas para ocultar su ubicación real y dificultar su bloqueo directo. La respuesta de LaLiga ha sido, en la práctica, bloquear rangos enteros de direcciones IP asociadas a Cloudflare durante las horas de partido, y el resultado es que miles de webs legítimas que nada tienen que ver con la piratería quedan inaccesibles como daño colateral.
LaLiga no se ha quedado callada ante las críticas. En sus comunicados ha acusado a Cloudflare de actuar como «escudo digital» de organizaciones criminales, afirmando que la compañía colabora, a través de su tecnología, con delitos como la pornografía infantil, el proxenetismo o la estafa, mientras se presenta como defensora de una internet abierta. Es un discurso duro, pero que revela sobre todo una cosa: una profunda incomprensión —o una negativa deliberada a aceptar— cómo funciona internet y qué significa la neutralidad de la red. Cloudflare no aloja contenido pirata ni lo distribuye; es infraestructura básica de la que dependen millones de webs legítimas, exactamente igual que dependen de la electricidad o de un proveedor de internet.
«La neutralidad de la red es el principio según el cual los proveedores de servicios de internet tratan todo el tráfico de forma igualitaria y abierta, sin discriminación, bloqueo, restricción o priorización.»
Para entender cómo LaLiga puede ordenar estos bloqueos sin pasar por un juez en cada caso, hay que remontarse a la llamada Ley Sinde (2011), impulsada durante el Gobierno de Zapatero y aprobada ya con Rajoy en el poder. Esta norma creó la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI), un órgano administrativo dependiente del Ministerio de Cultura con capacidad para ordenar el cierre de webs o servicios digitales que presuntamente infrinjan la propiedad intelectual, sin necesidad de tutela judicial previa. Una década después, la Ley Iceta (2021) reforzó todavía más esa capacidad, eliminando la necesidad de intervención judicial penal y ampliando explícitamente su alcance al bloqueo de streamings deportivos.
Uno de los aspectos más llamativos de todo este entramado es que, para proteger sus propios intereses económicos, Telefónica ha llegado a denunciarse a sí misma ante la CPI, una maniobra legal tan surrealista como reveladora, documentada por el abogado Javier Maestre. Es decir: quien ejecuta técnicamente los bloqueos y quien los solicita pueden terminar siendo, en la práctica, la misma parte interesada. Esto no es un detalle menor. Si una operadora puede bloquear infraestructura alegando la protección de derechos de autor con este nivel de discrecionalidad, nada impide que mañana se utilice el mismo mecanismo contra un competidor —una plataforma de streaming, un servicio de mensajería— simplemente aduciendo cualquier excusa legal similar.
La ley es clara en un punto que en la práctica se está ignorando: estas medidas de bloqueo no deberían afectar a servicios de terceros ajenos al conflicto. Y sin embargo, eso es exactamente lo que está ocurriendo. Entre los afectados por los cortes durante los partidos se cuentan tiendas de comercio electrónico, plataformas de venta de entradas, servicios esenciales para empresas como GitHub, y potencialmente servicios médicos que dependen de la misma infraestructura. Ninguna sentencia que reconozca el derecho de LaLiga a proteger sus retransmisiones le otorga automáticamente permiso para bloquear sin valorar estos efectos secundarios; es un principio básico de proporcionalidad que aquí se está pasando por alto.
En el fondo, este conflicto no va solo de fútbol pirateado. Va de un principio mucho más importante. El derecho de una empresa a proteger sus derechos de propiedad intelectual es legítimo, pero ese derecho no puede ejercerse a cualquier precio, y mucho menos a costa de dejar sin servicio a miles de negocios y usuarios que no tienen ninguna relación con la piratería. Cuando defender el copyright significa apagar internet para todos los demás, algo en el mecanismo se ha roto —y el problema no es de quienes navegan, sino de un modelo legal que permite bloquear primero y preguntar después.
