Suspendido el desahucio de una familia en Narón previsto para este viernes tras una petición de la Sareb

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Néstor Rego reunido con los afectados por la Sareb en Narón el pasado sábado | BNG

El Tribunal de Instancia de Ferrol ha acordado suspender el desahucio de una familia residente en la plaza do Asilo de Narón, cuyo lanzamiento estaba previsto para este viernes, 23 de octubre. La decisión llega después de que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) solicitase un plazo para tramitar un expediente de alquiler social.

Según ha informado el Bloque Nacionalista Galego (BNG) este miércoles, 21 de octubre, la paralización se produce en el marco de un acuerdo entre las partes y teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad de la familia, recogida en los informes de los servicios sociales.

La formación nacionalista ha valorado positivamente la resolución judicial, aunque advierte de que la suspensión del lanzamiento no supone todavía una solución definitiva para las personas afectadas.

Por ello, reclama que la Sareb y Servihabitat cumplan sus compromisos y que la tramitación pendiente concluya con un contrato de alquiler social estable, cuya renta se ajuste a la capacidad económica de la unidad familiar.

Una suspensión que abre la puerta a un alquiler social

La decisión judicial evita, por el momento, que se ejecute el desahucio previsto para este viernes en una vivienda de la plaza do Asilo. De acuerdo con la información facilitada por el BNG, la Sareb ha solicitado tiempo para completar el expediente que permitiría formalizar un alquiler social para la familia.

La formación considera que este paso constituye un avance importante, especialmente por el reconocimiento de la situación de vulnerabilidad de los residentes. Sin embargo, insiste en que el procedimiento debe concluir con una solución que garantice la continuidad de la familia en su domicilio.

El BNG pide que el alquiler social tenga unas condiciones económicas compatibles con los ingresos reales de los afectados y que no se limite a una respuesta provisional ante la proximidad del lanzamiento.

La organización anuncia que mantendrá el seguimiento del caso durante el período de suspensión, para comprobar que las gestiones anunciadas se materialicen.

El BNG destaca la movilización vecinal y la intervención de Néstor Rego

La formación nacionalista atribuye este avance a la movilización social desarrollada alrededor del caso y al trabajo de los colectivos que defienden el derecho a la vivienda. Destacan especialmente la solidaridad mostrada por los vecinos y las iniciativas impulsadas para evitar que la familia perdiese su residencia.

También recuerda la reciente visita a Narón del diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, que trasladó su apoyo a las personas afectadas. Rego mantuvo contactos con las partes implicadas y con representantes gubernamentales relacionados con la gestión de los activos de la Sareb, además de reclamar públicamente una solución para la familia.

El BNG considera que las administraciones y las entidades responsables de grandes carteras inmobiliarias deben implicarse en la búsqueda de alternativas habitacionales para las personas en situación de vulnerabilidad.

Un contrato de alquiler hasta 2030, según la familia

El conflicto tiene su origen en la situación contractual de la vivienda. Según explica el BNG, la familia había firmado un contrato de alquiler con una empresa que contemplaba su permanencia en el inmueble hasta 2030 y había venido abonando regularmente las mensualidades correspondientes.

Sin embargo, en enero de este año recibió una comunicación de la Sareb reclamando la vivienda, lo que dio lugar al procedimiento que desembocó en el lanzamiento previsto para el 23 de octubre.

La formación nacionalista señala que no se trata de un caso aislado en la plaza do Asilo. Otras personas residentes en esta zona de Narón llevan años afrontando situaciones similares, con dudas sobre la validez de determinados contratos de alquiler.

El BNG advierte de que algunos de esos acuerdos podrían presentar irregularidades, aunque la nota no aporta resoluciones judiciales que acrediten la existencia de contratos fraudulentos.

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